Macri va por Ramos Padilla

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El gobierno formalizó hoy el pedido para remover al Juez

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Tal como anticipáramos, el Gobierno presentó formalmente el pedido de remoción del juez federal Alejo Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura por considerar que mantuvo una “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva” durante su presentación del miércoles pasado ante la Comisión de Libertad de Expresión.

Recordemos que el Juez Ramos Padilla está llevando adelante una investigación que incomoda al poder ejecutivo, donde se pondrían de manifiesto los vínculos de actuales funcionarios con hechos de espionaje internacional y extorsiones, además de la intromisión directa del ejecutivo en el ámbito Judicial.

El pedido presentado al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques y que lleva la firma del ministro Germán Garavano es el siguiente:

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de la audiencia pública celebrada el 13 de marzo del corriente año en el Congreso Nacional, donde el Dr. Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal de Dolores, expuso ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados respecto de su actuación en la causa Nro. FMP 88/2019 caratulada “D Alessio, Marcelo Sebastián s/ asociación ilícita y otro” del registro del Juzgado a su cargo.

I. En el marco de dicha irregular audiencia, el citado magistrado realizó diversas afirmaciones vinculadas a esa investigación en curso, lo que evidencia una manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas.

En efecto el Dr. Ramos Padilla expuso sobre detalles de un expediente en trámite en una clara infracción al deber de reserva que debe garantizar en su carácter de director del proceso. En este sentido el art. 204 del Código Procesal Penal de la Nación establece que: “El sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos. La reserva no podrá durar más de diez (10) días y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados. El sumario será siempre secreto para los extraños”.

Muy lejos del respeto de ese deber de reserva, el mentado Juez hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis de este modo la confianza que los habitantes depositan en ese poder del Estado. A su vez, la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un Juez Federal.

Asimismo, a lo largo de su insólitamente extensa presentación, afirmó categóricamente como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados. Del mismo modo que cuestionó e involucró a otros magistrados y diputados nacionales, lo que resulta además de imprudente, contradictorio y constitutivo de un inaceptable prejuzgamiento.

Por cuanto recordemos que el rol del juez de acuerdo a nuestro sistema constitucional es también la de garante de un equilibrio de derechos y poderes entre acusador y acusado, lo que implica una necesaria separación entre las funciones de juzgar y la de acusar. Esto se ve absolutamente desvirtuado cuando, como en este caso, las funciones de investigación y acusación son acaparadas por un juez cuya actuación pública habla de una pérdida total de ecuanimidad.

La Corte Suprema fue contundente en este sentido al resolver que “Que aun cuando se pueda sostener que los fiscales cumplen, materialmente, una función judicial, en tanto, al igual que los jueces, aspiran a que el proceso finalice con una sentencia justa, lo hacen desde posiciones procesales diversas, y el ejercicio efectivo de la misión que a cada uno de ellos le compete se excluye recíprocamente: ni el fiscal puede juzgar ni el juez puede acusar. De otro modo, durante la instrucción el imputado debe defenderse no sólo de quien lo acusa, sino de quien decide, y de quien debería poder esperar independencia de criterio” (CSJN Q. 162. XXXVIII. RECURSO DE HECHO Quiroga, Edgardo Oscar).

En este contexto también es necesario destacar que Ramos Padilla, en ese indebido rol acusatorio adoptado, no sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Sobre este aspecto la ley establece que la objetividad es un principio funcional que importa la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del Estado (Ley 27.418, art. 9 inc. d).

II. En esa línea y como es de público conocimiento el mismo juez envió documentación a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520), por entender que las características de los presuntos hechos investigados tenían íntima vinculación con la labor de aquella, no obstante, se presentó ante otra comisión, cuyas competencias nada tienen que ver con la materia. Resulta llamativa esta conducta pues era esperable que explicara estas cuestiones en el ámbito correspondiente. Esto también demuestra la clara intencionalidad que parece guiar al magistrado, diversa a la establecida en nuestra Constitución Nacional.

Lo expuesto precedentemente constituye, además, una clara afectación del deber de imparcialidad que le impone la Constitución Nacional, en cuanto a que las personas integrantes de los órganos estatales, con competencia para adoptar decisiones públicas no tengan prejuicios o intereses personales de ningún tipo en relación con las partes en un proceso, que puedan afectar la rectitud de su pronunciamiento (C.N., arts. 18 y 75 –inc. 22: DADH, art. 26; PIDCP, art. 14.1; CADH, art. 8.1 y DUDH, art. 10).

Al respecto tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado”. (L. 486. XXXVI. RECURSO DE HECHO Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones – arts. 104 y 89 del Código Penal Causa N° 3221C.)

III. Por otra parte, en lo que a este Ministerio respecta, cabe agregar que el Juez Ramos Padilla requirió asistencia y colaboración al titular del Programa Verdad y Justicia de este Ministerio, con plena conciencia de que ello importaba requerirle una actuación por fuera de las normas que regulan sus competencias, acrecentando de tal modo las evidencias respecto de un desempeño al margen de la ley.

La finalidad política que parece dirigir el accionar del Dr. Ramos Padilla resulta evidente con su pretendido cuestionamiento al accionar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues dirige su pedido de colaboración dependencias a las que no correspondía, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos (vgr. Ley 27.372 que crea el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos “CENAVID”, y la Ley 25.764 que regula el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados).

El Dr. Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes[1].

Con motivo de todo lo hasta aquí expuesto, le solicito que por su intermedio se expongan los hechos descriptos precedentemente ante el Consejo de la Magistratura a los efectos de que se dé inicio al procedimiento legalmente previsto de remoción de magistrados por la causal de su mal desempeño.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

[1] A modo de ejemplo cabe poner de resalto la cooperación prestada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el caso ARA San Juan, donde el CENAVID arriba citado prestó asistencia a los familiares de las víctimas o el caso Maldonado, donde se asistió económicamente a la familia para llevar adelante la investigación por la muerte de Santiago Maldonado.

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