70 años de la Revolución Constitucional Justicialista

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El 11 de marzo de 1949 se producía un hecho de gran envergadura en el plano político-institucional; la Nación Argentina se daba una nueva Constitución: la justicialista, reemplazando a la de cuño liberal dominante hasta esa época. El compendio normativo del ´49 si bien mantiene algunos postulados de la vieja Carta Magna de 1853, con las reformas introducidas (principalmente en el plano dogmático) buscó disputarle a la oligarquía el modelo de país que diseñó y plasmó en ese texto constitucional.

Por Melisa Vargas para Nuestras Voces

La Constitución del ´49, como toda Carta Magna, se enmarca en una coyuntura determinada, es la “voz” de una doctrina política que plasma en un texto normativo su base filosófica, razón que torna imposible escindir esa reforma del entramado doctrinario que le daba vida al gobierno de aquél entonces: la visión justicialista.

La Ley Nº 13.233, sancionada el 27 de agosto de 1948, había estipulado en el artículo 1º la necesidad de revisión y reforma de la Constitución Nacional a los efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones para la mejor defensa de los derechos del pueblo y del bienestar de la Nación. El plazo que imponía la normativa para que la Convención Constituyente una vez constituida culminara su trabajo era taxativo: debía realizarse dentro de los 90 días, sin posibilidad alguna de prórroga.

Respaldado ampliamente por el Pueblo en la propuesta de dar un giro a la normativa constitucional vigente hasta entonces, el Peronismo obtuvo un importante triunfo en la elección de convencionales constituyentes, quedándose con 109 congresales frente a los 49 que obtuvo la UCR.

El 27 de enero de 1949 Juan Domingo Perón da un encendido discurso frente a la Asamblea Constituyente con la intención de ponderar la importancia del trabajo que los convencionales realizarían para actualizar la Carta Magna. En esa oportunidad el presidente señaló:
“Con las reformas proyectadas por el Partido Peronista, la Constitución adquiere la consistencia de que hoy está necesitada. Hemos rasgado el viejo papelerío declamatorio que el siglo pasado nos transmitió; con sobriedad espartana escribimos nuestro corto mensaje a la posteridad, reflejo de la época que vivimos y consecuencia lógica de las desviaciones que habían experimentado los términos usados en 1853. (…) Con las reformas propiciadas pretendemos correr definitivamente un tupido velo sobre las ficciones que los argentinos de nuestra generación hemos tenido que vivir. Deseamos que se desvanezca el reino de las tinieblas y de los engaños. Aspiramos a que la Argentina pueda vivir una vida real y verdadera. Pero esto sólo puede alcanzarse si la Constitución garantiza la existencia perdurable de una democracia verdadera y real”.

La Constitución del `49 no sólo es la primera reforma del siglo XX sino fundamentalmente la única que buscó disputarle a la oligarquía el modelo de país que diseñó y plasmó en el texto constitucional de 1853. Las sucesivas modificaciones realizadas a éste en el transcurso del siglo XIX (1860, 1866 y 1898) no habían transitado la dirección de remover ni la filosofía doctrinaria liberal ni los privilegios de las clases dominantes que les garantizaba aquel credo.

Influenciada intelectualmente por Arturo Enrique Sampay, quien además dentro del Bloque de Convencionales Constituyentes Peronistas ejerció un rol clave, la reforma del 49 inauguró en el país el constitucionalismo social y sentó las bases del Estado de Bienestar al incluir los derechos de segunda generación, haciendo de este modo justicia con un Pueblo históricamente oprimido, castigado y vapuleado por las clases dominantes.

El texto del `49 institucionalizó en nuestro ordenamiento jurídico la doctrina justicialista como rectora de la vida del país. En ese plexo normativo a los objetivos del histórico introito de 1853 de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, se le añade la cultura nacional. Por otra parte, el preámbulo enarboló explícitamente las banderas del movimiento al introducir la siguiente oración: “ratificando la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.

Una de las expresiones más relevantes en el aspecto doctrinario es la superación del individuo aislado para reconvertirlo en sujeto social: el hombre en comunidad. En este orden, podemos leer el compendio normativo como una suerte de “puente” hacia la comunidad organizada.

En el discurso al que se hizo referencia al inicio de este escrito, el líder de los trabajadores hace un repaso detallado de la democracia liberal y de su antítesis la democracia social que con esta reforma se pretendía instalar. Al respecto señala:
“Señores: La comunidad nacional como fenómeno de masas aparece en las postrimerías de la democracia liberal. Ha desbordado los límites del ágora política ocupada por unas minorías incapaces de comprender la novedad de los cambios sociales de nuestros días. El siglo XIX descubrió la libertad, pero no pudo idear que ésta tendría que ser ofrecida de un modo general, y que para ello era absolutamente imprescindible la igualdad de su disfrute. Cada siglo tiene su conquista, y a la altura del actual debemos reconocer que así como el pasado se limitó a obtener la libertad, el nuestro debe proponerse la justicia (…) La democracia liberal, flexible en sus instituciones para retrocesos y discreteos políticos y económicos, no era igualmente flexible para los problemas sociales (…) Hoy no es posible pensar organizarse sin el pueblo, ni organizar un Estado de minorías para entregar a unos pocos privilegiados la administración de la libertad. Esto quiere decir que de la democracia liberal hemos pasado a la democracia social… Esa masa, ese cuerpo social, ese descamisado que estremece con su presencia la mole envejecida de las organizaciones estatales que no han querido aún mortificarse ni progresar es, precisamente, nuestro apoyo, es la causa de nuestros trabajos, es nuestra gran esperanza. Y esto es lo que da, precisamente, tono, matiz y sentido a nuestra democracia social. Señores: estamos en este recinto unidos espiritualmente en el gran anhelo de perfeccionar la magna idea de libertad, que las desviaciones de la democracia liberal y su alejamiento de lo humano hicieron imposible”.

En el plano dogmático, el texto constitucional reformado en 1949 recoge varias demandas del movimiento obrero. En efecto, a los trabajadores -base principal de sustentación del proyecto peronista- les serán reconocidos una multiplicidad de derechos incluidos en el capítulo III, titulado: “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura” con la finalidad de mejorar sustancialmente sus condiciones laborales y de vida, sumándose a las reivindicaciones obtenidas en los años previos impulsadas por Perón desde la Secretaria de Trabajo y Previsión.

El capítulo señalado contenía, en el célebre artículo 37, un amplio listado de derechos en cada una de las aristas mencionadas. El primer eje “Del Trabajador” englobaba una extensa enumeración que incluía el derecho a trabajar; a una retribución justa; a la capacitación; a condiciones dignas de trabajo; a la preservación de la salud; al bienestar; a la seguridad social; a la protección de la familia; al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales.

El segundo eje “De la familia” concebía a ésta como “núcleo primario y fundamental de la sociedad” y por tanto objeto de protección por parte del Estado en lo inherente a: matrimonio (expresa garantía de igualdad jurídica de los cónyuges y patria potestad), formación de la unidad económica familiar, garantía del bien de familia y asistencia privilegiada de madres e hijos.

El eje tres “De la ancianidad” contenía un decálogo de protección para la tercera edad que incluía: derecho a la asistencia, a la vivienda; a la alimentación; al vestido; al cuidado de la salud física; al cuidado de la salud mental; al esparcimiento; al trabajo; a la tranquilidad y al respeto.

Por último, en el eje cuatro “De la educación y la cultura” se aludía al firme compromiso del Estado en la creación de escuelas de primera enseñanza, secundarias, técnico-profesionales, universidades y academias, asegurando la provisión de becas, asignaciones y otras providencias que se conferirían por concurso.

El texto constitucional reconocía la autonomía de las Casas de Altos Estudios y señalaba que cada Universidad además de la organización de conocimientos universales debía profundizar en la formación de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural y promover las artes, técnicas y ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.

Por otra parte, se explicitaba la necesidad de que establezcan cursos obligatorios de formación política con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política; y la evolución y misión histórica de la República Argentina.

De manera complementaria, otra de las novedades de la Constitución Peronista es la inclusión del capítulo IV denominado “la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica” que se inicia con el artículo 38 donde se dejó expresa constancia de que la propiedad privada tenía una función social, continuó con el 39 donde se señalaba que el capital debía estar al servicio de la economía nacional y, finalmente, culminó en el revolucionario artículo 40 que concebía a los recursos naturales como propiedades imprescriptibles e inalienables y señalaba que en razón de la pertenencia originaria de los servicios públicos al Estado, éstos no podían ser enajenados ni concedidos para la explotación. Asimismo, la deliberada intervención del Estado en la economía buscaba oponerse al “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar) impulsado por el liberalismo clásico.

La intención de los tres artículos que contenía el capítulo IV no solo era imponer un freno al libre mercado sino también evitar todo tipo de condicionamiento económico del exterior.

En la parte orgánica del texto constitucional también se plasmaron algunas reformas, entre las más importantes se encontraban la posibilidad de reelección presidencial y la elección directa, a simple pluralidad de sufragios, del presidente y vicepresidente de la nación.

La más justa de las constituciones tuvo una corta vigencia como rectora de la vida institucional. Esa voz de los que no tenían voz, fue silenciada por el golpe de estado del `55 de la autodenominada “Revolución Libertadora” que proscribió al Peronismo y eliminó todo lo impulsado por el líder de los trabajadores, entre ello, la Constitución del ´49 que de modo ex profeso fue desconocida en la Proclama del 27 de abril de 1956 en la que el dictador Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto, declaró la vigencia del texto originario de 1853 con las reformas realizadas en el siglo XIX (1860, 1866, 1898).

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